A las 19:30 de este miércoles 3 de junio se instaló la audiencia de formulación de cargos contra el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otras siete personas, quienes fueron detenidos en un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional por un presunto caso de lavado de activos.
La diligencia se desarrolla luego de los allanamientos realizados la madrugada de este miércoles en Esmeraldas, Pichincha, Sucumbíos y Guayas. La investigación se originó a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), según la Fiscalía. Durante la operación se ejecutaron 18 allanamientos y se levantaron indicios como dinero en efectivo, equipos electrónicos, documentos, vehículos y armas de fuego.
Alrededor de las 20:25, la jueza Silvana Velasco declaró la legalidad y constitucionalidad de la detención del alcalde de Esmeraldas y de las otras siete personas aprehendidas dentro de una investigación por presunto lavado de activos. Durante la primera parte de la diligencia, varios abogados defensores cuestionaron las detenciones y solicitaron que fueran declaradas ilegales. Gustavo García, quien representa a cuatro de los procesados, argumentó que sus defendidos estuvieron en indefensión debido a que la investigación previa se inició en noviembre de 2025 y solo fueron notificados este 3 de junio.
A ese planteamiento se sumaron Carlos Rosales, abogado de Juan Alberto Lastre Castillo; Cristian Sanal, defensor de Diego Giovanni Montaño Tenorio; y Alfonso Moisés Jiménez Pintado, representante legal de Kleber Andrés Salcedo Tomalá. Los abogados sostuvieron que no tuvieron acceso oportuno al expediente y que desconocían los hechos que motivaron las detenciones. La fiscal provincial de Pichincha y Galápagos, Alexandra Zurita, rechazó esos argumentos y señaló que la investigación se mantuvo bajo reserva judicial desde noviembre de 2025, autorización que posteriormente fue prorrogada.
Añadió que las órdenes de detención fueron emitidas por autoridad competente y ejecutadas con lectura de derechos constitucionales. Luego de escuchar a las partes, la jueza concluyó que las detenciones se realizaron conforme a la normativa vigente y dispuso continuar con la audiencia. En representación de Petroecuador intervino el procurador judicial Andrés Erazo, quien respaldó la posición de la Fiscalía. Luego de resolver ese primer punto, la fiscal Zurita inició la exposición de los elementos con los que busca sustentar la formulación de cargos por presunto lavado de activos contra los ocho procesados.
La investigación se originó a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas remitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en noviembre de 2025. La fiscal sostuvo que las pesquisas apuntan a una presunta estructura integrada por funcionarios públicos, exfuncionarios y particulares. En la audiencia, se expuso una serie de actuaciones relacionadas con acciones de protección que involucraron a Petroecuador y resoluciones judiciales que posteriormente fueron dejadas sin efecto por la Corte Constitucional.
Entre los antecedentes mencionados constan pagos por más de $2,7 millones a una empresa y otro proceso relacionado con una reparación económica superior a $30 millones. Durante la continuación de la audiencia, Zurita profundizó en una acción de protección relacionada con extrabajadores de Petroecuador que derivó en un desembolso de $15 millones por parte de la empresa pública. Según expuso, parte de esos recursos fueron distribuidos entre abogados y posteriormente transferidos a terceros que hoy forman parte de la investigación.
La representante del Ministerio Público sostuvo que Juan Alberto Lastre Castillo recibió más de $2,2 millones dentro de ese proceso y que posteriormente transfirió $1,4 millones a Villacís. La Fiscalía señaló que, tras esa operación, se registraron movimientos financieros, retiros de efectivo e inversiones que forman parte de la trazabilidad del dinero bajo análisis. Zurita indicó además que entre enero y marzo de 2023 se coordinaron entregas de efectivo mediante servicios de transporte de valores por aproximadamente $980.000.
Según la investigación, se efectuó una entrega de $380.000 a Carol Zuleyka Lemos Hurtado en Esmeraldas, otra de $200.000 a Diego Geovanny Montaño Tenorio en Quito y una tercera de $400.000 a Luis Jheovanny Reyna Tenorio. La Fiscalía sostuvo que varios de los procesados mantenían funciones dentro del sistema judicial al momento de los hechos investigados. Entre ellos mencionó a Diego Geovanny Montaño Tenorio, ayudante judicial; Jonathan Geovanny Monte Baguí, técnico de ventanilla de la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames; Jorge Bolívar Pinos Galindo, exjuez; y Kleber Andrés Salcedo Tomalá, también exjuez de esa jurisdicción.
Otro de los puntos expuestos durante la audiencia fue la participación de Reypezpacific S.A., compañía en la que, según la Fiscalía, el alcalde de esmeraldas posee el 98 % de las acciones. La investigación identifica movimientos económicos alrededor de $7.5 millones entre 2020 y mayo de 2025 que, a criterio del Ministerio Público, no guardarían relación con los ingresos declarados ante las entidades de control. Zurita sostuvo que esos recursos habrían sido colocados, transferidos, distribuidos e integrados al sistema financiero mediante empresas, cuentas bancarias, pagos en efectivo, adquisición de bienes y transferencias nacionales e internacionales. Señaló que el presunto lavado de activos tendría como delitos precedentes el cohecho, el prevaricato y el perjurio. En el caso del cohecho, la hipótesis de Zurita apunta a supuestos beneficios económicos que habrían llegado a funcionarios y servidores públicos. Respecto al prevaricato, se investiga la actuación de operadores de justicia dentro de acciones de protección que derivaron en pagos millonarios de entidades estatales y que posteriormente fueron anuladas por la Corte Constitucional.
Sobre el perjurio, se mencionó posibles inconsistencias en declaraciones patrimoniales y juramentadas presentadas ante organismos de control. Zurita sostuvo que parte de los recursos investigados tendrían origen en acciones de protección relacionadas con Petroecuador y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), procesos que terminaron con pagos de cientos de miles y millones de dólares a favor de empresas vinculadas a personas que actualmente son procesadas dentro de esta causa.
Se presentaron documentos sobre el patrimonio declarado por el alcalde Villacís ante la Contraloría. Se indicó que en 2023 reportó un patrimonio de $1,44 millones, cifra que ascendió a $4,31 millones en 2024 y a $4,22 millones en 2025, información que forma parte del análisis realizado por los investigadores. La exposición incluyó además registros societarios que lo vinculan con varias compañías. Según se explicó, parte de las transacciones investigadas fueron realizadas a través de estas empresas.
Respecto de los demás procesados, se incorporó documentación con la que se busca acreditar las funciones que desempeñaban Jorge Bolívar Pinos Galindo, Kleber Andrés Salcedo Tomalá, Diego Geovanny Montaño Tenorio y Jonathan Geovanny Monte Baguí dentro de dependencias judiciales de Esmeraldas durante el periodo investigado. También se presentaron registros de la empresa de transporte de valores que, según la investigación, respaldan entregas de dinero en efectivo a varios de los procesados. Entre ellas se mencionó nuevamente una entrega de $200.000 a Diego Geovanny Montaño Tenorio, funcionario de la Unidad Judicial de Atacames, en un hotel de Quito en enero de 2023.
Luego de exponer los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los ocho procesados. Argumentó que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación debido al volumen de recursos económicos analizados, los vínculos de varios de los involucrados con instituciones públicas y judiciales, así como la necesidad de preservar documentación y otros elementos de prueba. La jueza Silvana Velasco notificó formalmente el inicio de la instrucción fiscal por 90 días contra el alcalde, Vicko Villacís y los otros siete procesados por presunto lavado de activos.
La decisión se adoptó luego de que la Fiscalía concluyó su formulación de cargos y solicitó prisión preventiva para todos. La defensa de los procesados pidió suspender la audiencia hasta este jueves, al alegar que no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente, que tendría más de 40 cuerpos, ni los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía. Los abogados señalaron que el acceso al expediente fue entregado pocas horas antes de la diligencia. La jueza negó el pedido de suspensión y dispuso continuar con la audiencia.
Tras un receso de diez minutos, se prevé que las defensas respondan al pedido de prisión preventiva planteado por la Fiscalía. La defensa del alcalde de Esmeraldas pidió que se rechace la prisión preventiva al sostener que la investigación no presenta elementos de convicción suficientes, sino informes, reportes y documentos que, a su criterio, aún no han sido sometidos a contradicción. El abogado también cuestionó que las defensas hayan tenido pocas horas para revisar el expediente antes de la audiencia.
Además, argumentó que Villacís mantiene arraigo por su cargo como alcalde de Esmeraldas, que sus cuentas permanecen congeladas desde marzo de este año y que tiene una hija de tres meses de edad. Respecto a los demás procesados, señaló que varios cuentan con empleo estable, cargas familiares y condiciones de salud que, según dijo, justificarían la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. El exjuez Kleber Salcedo intervino durante la audiencia y pidió a la magistrada que rechace el pedido de prisión preventiva.
Salcedo recordó que actualmente ya no forma parte de la Función Judicial y que enfrenta otro proceso por presunto prevaricato relacionado con las acciones de protección que son analizadas dentro de esta investigación. “He sufrido una serie de situaciones de persecución por parte de la Judicatura, Fiscalía y empresas públicas”, afirmó Salcedo, quien sostuvo que desde hace más de un año cumple presentaciones periódicas ordenadas dentro de otro proceso judicial. El exmagistrado señaló que no representa riesgo de fuga ni de obstaculización para la investigación.
“No soy una persona que pone en peligro la investigación ni para el proceso”, manifestó ante la jueza. Salcedo agregó que, de haber querido salir del país, habría tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente. “Si me hubiera querido ir del país hace mucho tiempo lo hubiera hecho”, indicó, al insistir en que ha comparecido de manera regular ante las autoridades judiciales. También defendió las decisiones que adoptó cuando ejercía funciones jurisdiccionales.
“No soy una persona que comete delitos. Es una sentencia que se debió a mis funciones que tuve en esa época”, expresó durante su intervención. Hasta las 04:00 estaba pendiente una resolución por parte de la jueza que conoció la causa.
