La reforma contra el reclutamiento de menores incluye penas más severas y protección digital para adolescentes en riesgo.
Este miércoles 27 de mayo de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció, en primer debate, el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por estructuras criminales. Esta propuesta se trató sobre la base del informe presentado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana.
Durante la sesión, la legisladora ponente Diana Jácome afirmó que las organizaciones criminales representan una amenaza directa para la niñez y adolescencia del país. Estas se aprovechan de su vulnerabilidad para involucrarlos en actividades ilícitas. Entre los principales alcances de la propuesta se contempla la protección digital de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos que promuevan su captación o utilización. Para ello, el proyecto dispone el bloqueo de material digital orientado a incentivar estas prácticas.
Además, la normativa incorpora herramientas para que las autoridades administrativas y judiciales actúen de manera más efectiva y sancionen conductas relacionadas con el reclutamiento de menores. El proyecto también fortalece el rol de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que recibirán la facultad de generar registros y emitir alertas tempranas sobre posibles casos de captación de menores. Asimismo, la propuesta prevé la creación de equipos especializados de seguridad en los Centros de Adolescentes Infractores y la ampliación de competencias de los municipios en materia de consejos de seguridad, programas deportivos y espacios recreativos.
La iniciativa plantea incrementar de 22 a 26 años de prisión las penas por reclutamiento y utilización de menores por estructuras criminales. También contempla la implementación de servicios especializados de salud mental, programas de identificación de riesgos, becas y ayudas económicas para las víctimas. Durante el debate, los legisladores analizaron aspectos relacionados con la aplicación de la normativa, el rol de los gobiernos autónomos descentralizados, la prevención en entornos tecnológicos y el impacto del reclutamiento infantil por grupos criminales en los últimos años.
Según estadísticas presentadas en el pleno, en el último año, tres mil menores de edad fueron cooptados por bandas criminales. Durante el debate también se expusieron criterios sobre las competencias de los gobiernos locales y las medidas de prevención y reinserción de menores rescatados de estructuras criminales. Concluido el primer debate, luego de más de 20 intervenciones, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana continuará el trámite correspondiente para elaborar el informe para segundo debate.
