El Gobierno Nacional confirmó que revisa las tarifas del transporte intra e interprovincial ante el aumento de costos operativos, la eliminación del subsidio al combustible y la volatilidad del precio del diésel por el conflicto en Medio Oriente.
Byron Franco, viceministro de Servicios y Transporte, explicó a LA HORA que el ajuste no será generalizado, sino que dependerá de la ruta, distancia, frecuencia, demanda y kilómetros recorridos. “Buscamos que impacte lo menos posible a los más vulnerables”, afirmó. El funcionario defendió el equilibrio económico para los transportistas privados, que asumen salarios, IESS, mantenimiento, combustible y repuestos. También criticó a municipios como Quito y Guayaquil por demorar las negociaciones con transportistas urbanos: “Esa reunión debió darse hace meses”.
Franco diferenció entre la tarifa técnica (costos reales) y la socialmente justa (capacidad de pago), y advirtió que muchos gobiernos evitan ajustes por costo político. El Ejecutivo impulsa un plan de chatarrización con bonos de hasta $23.000 y créditos al 9% a siete años para renovar flotas, y prevé apoyo para buses eléctricos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta.
El viceministro exigió que todo aumento tarifario vaya acompañado de mejoras visibles: unidades modernas, menos contaminación, aire acondicionado, accesibilidad y frecuencias adecuadas. Finalmente, se refirió al caso de un ciudadano que denunció agresiones por fiscalizar buses en Quito, y señaló que el control vehicular es competencia municipal, aunque anunció un acercamiento para revisar el sistema.
