Un tribunal dictó la pena máxima permitida por la ley ecuatoriana contra cuatro hombres y una mujer. Los procesados fueron hallados culpables del ataque armado perpetrado en 2025, el cual dejó 12 víctimas mortales.
La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia de 40 años de cárcel en contra de cinco personas vinculadas a la masacre ocurrida el año pasado en la gallera La Fortaleza, ubicada en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. El ataque dejó un saldo de 12 víctimas mortales, incluyendo a un adolescente de 14 años.
El Tribunal Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado declaró culpables a Víctor V., Carlos M., Diego M. y Franklin V. en calidad de autores por los delitos concurrentes de asesinato y tráfico de armas. Por su parte, María Q. fue sentenciada a la misma pena de 40 años en calidad de cómplice. Durante la audiencia, el fiscal del caso demostró la existencia de agravantes que elevaban la pena original a 65 años de reclusión.
Sin embargo, los magistrados ajustaron la condena a 40 años, acatando el límite máximo de acumulación de penas que establece la legislación ecuatoriana vigente. Los hechos ocurrieron la noche del 17 de abril de 2025. Un grupo de aproximadamente 15 personas, vistiendo indumentaria táctica similar a la utilizada por las fuerzas militares y policiales, irrumpió de forma violenta en las instalaciones de La Fortaleza.
Portando armas de fuego de largo alcance, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra los presentes antes de darse a la fuga. La alerta inmediata permitió a la Policía Nacional desplegar un operativo en la zona, logrando la captura en flagrancia de los ahora sentenciados.
Al momento de su aprehensión, las autoridades decomisaron un fuerte arsenal que sirvió como prueba material durante el proceso:
Siete fusiles
Cuatro pistolas
Tres escopetas
Más de 150 municiones de distintos calibres
En la etapa de juicio, la Fiscalía sustentó su acusación con los testimonios de los agentes que ejecutaron las capturas, informes de reconocimiento del lugar, actas de levantamiento de los doce cadáveres y los respectivos protocolos de autopsia.
Además, fue clave la pericia de extracción de videos de cámaras de seguridad y el análisis balístico practicado a las armas incautadas, lo que vinculó directamente el armamento con la escena del crimen.
