Este año se registran 14 fallecimientos y un total de 46 desde enero de 2025. Repunte coincide con récord de 70.000 detenidos.
La ofensiva migratoria lanzada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca no solo disparó el número de arrestos a niveles históricos, también coincide con un fuerte aumento en las muertes de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). Según estadísticas de la propia agencia, al menos 46 personas han muerto bajo su custodia desde enero del año pasado, entre ellas el mexicano José Ramos, de 52 años, caso ocurrido el 25 de marzo y que México llevará ante la CIDH, y un colombiano.
De hecho, solo en lo que va de este 2026 ya se registran 14 fallecimientos, una cifra que vuelve a poner bajo escrutinio el sistema de detención migratoria en EE. UU., en medio de la expansión acelerada de operativos contra indocumentados. El aumento es significativo en comparación con años recientes. Durante la administración anterior de Joe Biden, el número de muertes en custodia osciló entre 3 y 11 por año, con un promedio cercano a 7. En la era de Barack Obama, la cifra rondaba las 8 anuales.
En contraste, solo en 2025 se reportaron 33 muertes, el número más alto desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asumió estas funciones en 2003, y el acumulado desde el regreso de Trump prácticamente duplica los niveles previos. Sin embargo, el propio gobierno insiste en que el incremento debe leerse en contexto. El número de personas detenidas por ICE también se disparó y hoy alcanza casi 70.000, un máximo histórico. Medida en proporción, sostiene el DHS, la tasa de muertes se mantiene relativamente baja (alrededor de 0,009 por ciento) e inferior a picos históricos como los de mediados de los 2000 o durante la pandemia de covid-19 en 2020.
Aun así, el ritmo al que se están produciendo las muertes enciende las alarmas. Expertos señalan que actualmente ocurre aproximadamente una cada siete días, una aceleración frente a semanas anteriores. Y detrás de las cifras hay historias que reflejan fallas estructurales en el sistema. Uno de los casos que ha generado mayor conmoción es el de Brayan Garzón Rayo, un colombiano de 27 años que murió en abril de 2025 mientras estaba bajo custodia en una cárcel del estado de Misuri que operaba para ICE.
Según registros de la propia agencia, el joven había llegado a Estados Unidos dos años antes y no tenía antecedentes de conducta suicida. Días antes de su muerte había sido diagnosticado con tuberculosis y covid-19, y se quejaba de fuertes dolores de cabeza, fiebre y malestar general. Su familia ha cuestionado la versión oficial del suicidio. “Él no tenía motivos para quitarse la vida”, dijo su madre en declaraciones recogidas por medios locales, mientras espera respuestas más claras sobre lo ocurrido.
El caso ilustra uno de los patrones señalados por abogados y organizaciones, según los cuales el problema está más asociado a afectaciones de salud que no se atienden a tiempo o que se agravan en los centros de detención. Otros episodios recientes refuerzan esa preocupación. Emmanuel Damas, un migrante haitiano de 56 años, murió en marzo tras pasar días quejándose de un dolor dental que, según otros detenidos, fue tratado únicamente con ibuprofeno. Cuando finalmente fue hospitalizado, la infección se había extendido por todo su cuerpo.
“No podía ni parpadear”, relató su hermano, quien asegura que lo encontró inconsciente y encadenado a una cama. Murió por lo que las autoridades describieron como un shock séptico. También están los casos en instalaciones masivas como el campamento de El Paso, Texas, donde varios detenidos han fallecido en medio de denuncias por agua insalubre, falta de atención médica y brotes de enfermedades como el sarampión.
En uno de esos episodios, la muerte de Geraldo Lunas Campos fue inicialmente atribuida a una emergencia médica, pero el forense local concluyó que se trataba de un homicidio por asfixia durante una restricción. Las críticas apuntan, en buena medida, al hacinamiento. En los últimos 14 meses, la población detenida prácticamente se ha duplicado, lo que ha llevado a abrir instalaciones improvisadas, como centros en carpas o la reconversión de bodegas. En Adelanto, California, por ejemplo, una demanda colectiva describe cómo un centro pasó de albergar apenas tres personas a casi 2.000 en un año.
Las declaraciones judiciales hablan de comida en mal estado, falta de medicamentos y condiciones insalubres. Para legisladores demócratas y organizaciones civiles, el problema es estructural. “Es un laberinto burocrático que dificulta la supervisión y la rendición de cuentas y que fue creado por elección y no por necesidad. Es una situación alarmante y trágica a la vez, en la que el gobierno está fallando por incompetencia, por negligencia o por simple crueldad”, afirma la congresista Verónica Escobar, cuyo distrito en Texas incluye varias de las instalaciones cuestionadas.
Al menos seis demandas judiciales y llamados a investigar en el Congreso han surgido tras el aumento de las muertes. El gobierno, por su parte, rechaza que exista una crisis sistémica. El DHS asegura que los detenidos reciben atención médica adecuada y que los estándares de los centros son incluso superiores a los de muchas cárceles del país. Empresas privadas como CoreCivic y GEO Group, que operan buena parte de las instalaciones, sostienen que brindan servicios médicos las 24 horas y cumplen con la supervisión federal.
Pero los testimonios recogidos en demandas y entrevistas dibujan un panorama distinto, marcado por retrasos en la atención, diagnósticos tardíos, escasez de medicamentos y dificultades para que las familias obtengan información. En varios casos, los allegados solo fueron notificados cuando sus familiares ya estaban hospitalizados o ya habían muerto. El debate llega en un momento en que el sistema de detención migratoria no solo se expande, sino que también recibe recursos sin precedentes.
El Congreso ha asignado cerca de US$ 45.000 millones para fortalecer esta infraestructura, más de diez veces el presupuesto previo. Para los críticos, esto vuelve aún más urgente establecer controles efectivos sobre las condiciones en los centros.
