El Gobierno reafirma que ese sitio era utilizado por una cabecilla de los Comandos de la Frontera, mientras la población niega esa versión. Dicen que la incursión militar se dio en tres días, que hubo quema de casas previo al bombardeo y se retuvo a personas de forma ilegal.
Según el New York Times y los testimonios de los pobladores, era una finca ganadera; y según el Gobierno, era un campamento de refugio y entrenamiento de uno de los cabecillas del grupo Comandos de la Frontera: Johnnathan Tole, alias Mono Tole. Llegar a la zona de este conflicto es complejo por su remota ubicación. En época seca en la Amazonía, el camino es más largo y se necesita entrar momentáneamente a territorio colombiano. Nuestro recorrido inició en Lago Agrio.
Ante el cierre del puente internacional del río San Miguel, se debe cruzar en lanchas por pasos informales. Ya en Colombia, hay que abordar una camioneta todo terreno. En el recorrido se observan grandes plantaciones de coca. Por seguridad, los conductores exigen no grabar. Hay puntos donde los pobladores hacen controles. Habitantes y raspadores de hojas de coca, conocidos como raspachines, alertan movimientos inusuales. Tres horas después se llega nuevamente al río San Miguel, cerca del punto donde se realizó la incursión militar.
Se requiere tomar otra lancha hasta llegar a la finca de Miguel Guanga, atacada por las Fuerzas Armadas a inicios de marzo. Esta fue la casa de Miguel Guanga en la comunidad San Martín, en la frontera colombo-ecuatoriana, en Sucumbíos. Aquí todavía hay enseres y ropa que pertenecían a él y su familia. Esto queda después de un bombardeo de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Él indica que sufrió dos ataques: uno el 3 de marzo y otro el 6 de marzo. Guanga tiene 32 años y posee 140 hectáreas y 53 cabezas de ganado. Asegura que es productor de leche y carne. En el lugar hay un potrero y se pueden ver los animales.
Él niega que tenga relación con el grupo de disidentes de las FARC, Comandos de la Frontera. “Nada de eso. No tengo que ver nada con ellos ni sé quién mismo será ese alias”, comentó. Según los pobladores, las operaciones militares iniciaron el 1 de marzo con sobrevuelos. Ese día quemaron, en el extremo norte de San Martín, una casa. El 3 de marzo, unos 12 militares bajaron de un helicóptero; sometieron a cinco personas que se presentaron como trabajadores de la finca, señalados por los militares de proteger a Mono Tole.
Otros comuneros buscaron conversar con los militares que estaban internados en esta zona boscosa. Dicen que los uniformados dispararon; no hubo heridos. Según el Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en declaraciones en TC Televisión, a los cuatro retenidos, que eran todos de Colombia, los llevaron a la Fiscalía, que se abstuvo de acusarlos por miedo. Sin embargo, los retenidos dicen que permanecieron en un cuartel militar y que fueron electrocutados.
«Nos preguntaban que si nosotros sabíamos de un tal señor que se llama el «Mono Tole», pues nosotros no sabíamos de nada», dijo el administrador de la finca. El 6 de marzo, en un segundo ataque al sitio, los militares lanzaron una bomba a la única estructura en pie: una casa de 11 por 7 metros. 23 días después, aún se observan las esquirlas del explosivo en lo que fue el techo. Hay fierros calcinados de lo que fueron electrodomésticos y un tanque de gas.
El Ministerio de Defensa justificó el ataque al considerarlo un objetivo militar en donde encontraron este fusil y municiones, pero eso es negado por su dueño. En medio de este confuso escenario, miembros de la Alianza de Derechos Humanos acudieron este fin de semana al punto cero para dar acompañamiento a los pobladores. Hicieron dinámicas con los niños y recogieron testimonios de los adultos. También hubo personal del Ministerio de Salud que hizo consultas médicas y odontológicas. Aquí se reunieron cerca de 20 familias.
