REVANCHA, CÁRCEL Y UNA VERDAD QUE INCOMODA
Existen inconsistencias en la administración carcelaria ecuatoriana: mientras a un alcalde investigado (aún sin sentencia) lo trasladan a la cárcel más controlada por el Gobierno Nacional, al punto de obstaculizarle su derecho a la defensa -según dijo en su momento su abogado-, a uno de los jefes de sicarios de una banda lo recluyen en una de las cárceles más peligrosas y menos controladas por el Gobierno, donde finalmente es asesinado. ¿Cómo comprender este tratamiento desproporcionado para uno y muy laxo -con un destino fatal- para el otro? Solo se entiende si se observa al sistema de rehabilitación social desde la óptica del revanchismo político. No se debe normalizar esta práctica cada vez más común pero, si ya un investigado fue llevado a una cárcel de máxima seguridad, supuestamente para resguardar su vida, usando un informe confidencial, debe garantizársele a su defensa jurídica al menos el acceso sin obstáculos y respetando el secreto profesional. Que sea la justicia, sin ninguna presión política, la que dictamine su resolución y que el alcalde cumpla su sentencia, de ser el caso, o que salga en libertad. El sistema penitenciario debe tener como eje principal la rehabilitación, no la revancha ni la humillación pública.
