
A pocos días de asumir la presidencia del país, el matario chileno, José Antonio Kast, presentó su «Proyecto de ley de Reconstrucción Nacional» que busca eliminar el IVA en la vivienda y reducir el impuesto a las empresas, mientras endurece penas en seguridad.
El proyecto será presentado en el Parlamento chileno en los próximos días. Entre sus medidas económicas, además de la mencionada reducción del IVA y el impuesto a las empresas, contempla la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y un subsidio para la protección del empleo formal. También se ajustan permisos ambientales y la gratuidad de la educación universitaria. Desde la región del Biobío, devastada en febrero pasado por mega incendios, Kast justificó la iniciativa al asegurar que la economía de Chile «literalmente, se rompió y el crecimiento se estancó».
Esta afirmación contrasta con datos recientes: el PIB chileno creció un 2,6 % en 2025 y la inflación cerró en un 3,5 %. Sin embargo, el déficit fiscal estructural alcanzó el 3,6 % del PIB el año pasado, su nivel más alto en dos décadas. En el ámbito de la seguridad, el proyecto prevé el endurecimiento de penas para el contrabando de cigarrillos y el transporte ilegal de migrantes. El mandatario insistió en que Chile vive una «crisis sin precedentes» en seguridad, pese a que los homicidios han disminuido en los últimos años y el país mantiene uno de los índices de seguridad más altos de la región.
Kast, quien asumió el hace solo unos días cargo, argumentó que las empresas eligen países vecinos por «bajadas de impuestos y menos regulaciones». Estas medidas buscan, según el presidente, reconstruir un país que, a su juicio, fue mal gestionado por su predecesor, el progresista Gabriel Boric, aunque las cifras oficiales de estabilidad económica no respaldan completamente sus aseveraciones.
Con este anuncio, el presidente marca el inicio de una gestión alineada con los intereses de las grandes corporaciones, bajo la promesa de una «reconstrucción» que, en la práctica, apunta a la desregulación estatal y la privatización de servicios públicos.



