LA PRESUNCIÓN COMO CONDENA
La presunción de inocencia es cualquier cosa. En un Estado de derecho y justicia como lo es Ecuador -entendemos que lo sigue siendo-, no debería ser cualquier cosa, sino un principio rector del proceso penal. Pero no. Ni el Estado respeta este derecho cuando califica de delincuente o criminal públicamente a una persona aún sin una sentencia. En un sistema judicial tan débil como el ecuatoriano esas expresiones se convierten en una sentencia social y una presión pública y directa hacia los jueces que lleven determinados casos. El Gobierno Nacional no puede inmiscuirse en procesos judiciales en curso. Su deber es garantizar que la justicia haga su trabajo de manera independiente, que los abogados puedan conversar sin obstáculos con sus defendidos que están detenidos, y que estos mismos detenidos cuenten con un trato humano, más aún si no tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada. Que la justicia hable sin presiones. Eso es un Estado de derecho. El Gobierno es un garante y observador, no un protagonista de los casos en los que no tiene ninguna relación. Lesionar la independencia judicial y la presunción de inocencia es afectar al país, es perjudicar su institucionalidad, es pegarse un disparo en el pie frente a los ciudadanos y al mundo.
