Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali
Legionario y Vocero del Quinto Poder, analista político y experto en contratación pública, abogado de profesión y licenciado en ciencias jurídicas y sociales
Twitter: @pjfreile
Se acerca la segunda vuelta electoral y surgen varias interrogantes a raíz del resultado de la consulta popular democrática en cuanto al futuro de la explotación petrolera en el bloque 43, uno de los más importantes del país, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, dentro del Parque Nacional Yasuní.
Para el abogado y activista político Pedro Freile, la decisión del 59% de la población de mantener bajo tierra dichos recursos conlleva varias necesidades que afectan directamente a la mayoría de la población que se encuentra en un nivel socioeconómico medio y bajo. Esto da lugar a déficits financieros que deben ser cubiertos de alguna manera por el gobierno, presupuestos que deben destinarse a necesidades básicas de un país, como educación, seguridad y salud, y que actualmente no están disponibles.
Para cumplir con el mandato popular y detener la producción petrolera en el ITT, el país necesita alrededor de 600 millones de dólares. Freile considera que una de las acciones fundamentales será invertir en los campos viejos como Shacha, Aucas, Shushufindi y Libertador, compensando con aproximadamente 900 millones de dólares que pueden generarse durante el próximo período presidencial.
En cuanto a la posibilidad de una transición hacia un modelo económico post-extractivista para el país, es evidente que el sureste tiene un gran potencial para que Ecuador se convierta en un país post-extractivista en algún momento. Sin embargo, esto requerirá importantes inversiones en perforaciones para valorar y legalizar estos recursos antes de poder monetizarlos como contribución al cuidado ambiental. Además, se necesitará el apoyo de comunidades cofanes y activistas ambientales, incluso extranjeros.
En lo que respeta a los recursos vitales necesarios para el desarrollo y funcionamiento del país, como los combustibles y la energía, la posición del analista es clara. Aunque es cierto que la interrupción del Canal de Panamá debido a condiciones climáticas ha afectado la logística del suministro de diésel, se añade el problema financiero, porque el país está endeudado con varios proveedores de este recurso. Debido a esto, el analista considera que se generará una emergencia energética debido a la escasez del recurso y Ecuador se verá obligado a adquirirlo a cualquier precio, pues es un recurso irremplazable.
Es importante tener en cuenta que el 60% de la energía que se consume en el país es de origen termoeléctrico, y aún estamos lejos de completar los proyectos y obras que originalmente tenían como objetivo convertir a Ecuador en un país capaz de generar electricidad no solo para el consumo interno, sino también para su exportación a otras naciones.
Cuando se habla de recursos, es inevitable abordar el tema de la seguridad. En la frontera sur, se estima que se pierde cerca de 1 millón de dólares al día debido al contrabando que persiste en estas zonas. El control del tráfico de combustibles se convierte en un tema urgente y necesario. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que dentro de estas mafias están involucrados individuos corruptos con poder actualmente, lo que dificulta un control eficaz.
A pesar de su posición liberal, Pedro considera que los subsidios focalizados no pueden dejar de estar vigentes para los ecuatorianos en el contexto actual, y el próximo gobierno debe protegerlos y asegurarse de que lleguen a los sectores adecuados y más vulnerables.
El panorama que se avecina para Ecuador es, sin duda, incierto y deja como herencia a un gobierno entrante una caja con 700 millones de dólares y más de 8 mil millones de deudas inmediatas por pagar. También enfrenta una crisis de seguridad y una inminente crisis eléctrica, pero la esperanza y los anhelos persisten.
