EL RIESGO DE CONCENTRAR EL PODER
El gasto muchas veces indiscriminado y otras tantas fruto de la corrupción ha hecho que los gobiernos autónomos descentralizados se hayan convertido en focos de despilfarro y gasto inútil que el Estado central debe proveer, de acuerdo a lo que dicta la Constitución. Para corregir ese problema, el Gobierno ha enviado a la Asamblea el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Este consistiría básicamente en obligar a que al menos el 70 % del presupuesto institucional anual codificado se destine a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. El objetivo aparentemente loable tras la nueva ley, de limitar el gasto corriente y administrativo de los GAD, priorizando la inversión en obras y servicios, genera sin embargo preocupación en un aspecto: podría propiciar la reinstalación del centralismo. De conformidad con el texto, sería el Gobierno central el que decidirá cómo hacer el gasto de inversión, despojando a los GAD de la capacidad de decidir cómo usar sus recursos, lo cual concentra poder en el Ejecutivo y debilita la descentralización garantizada en la Constitución. El análisis debería centrarse en si la nueva ley realmente favorecerá al bienestar de las comunidades.
