UNIFORMES MANCHADOS
La depuración de malos elementos no puede seguir siendo un discurso selectivo ni una cortina de humo para tranquilizar a la opinión pública. El problema no se limita a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional. La infiltración criminal ha alcanzado a todas las instituciones que portan uniforme: cuerpos de bomberos, policías municipales, agentes de tránsito y cualquier entidad que, amparada en la autoridad del Estado, hoy sirve como escudo para el delito. Para las organizaciones criminales, el uniforme se ha convertido en el camuflaje perfecto: les abre puertas, les otorga impunidad y les permite delinquir desde dentro. Pero la podredumbre no termina allí. La depuración debe extenderse con urgencia a las instituciones que emiten documentos oficiales. Licencias, cédulas y pasaportes han dejado de ser derechos garantizados para convertirse en mercancías de un mercado corrupto, donde funcionarios sin escrúpulos lucran con la necesidad ciudadana mientras desfalcan al Estado. Estas redes facilitan delitos, destruyen la confianza pública y alimentan el caos institucional. Sin una depuración real, profunda y sin excepciones, cualquier plan de seguridad está condenado al fracaso. Solo funcionarios probos, con respaldo político y moral, capaces de extraer sin titubeos a los malos elementos, pueden iniciar un cambio verdadero. Lo demás es simulación, complicidad y cobardía institucional.
