La minería en la Amazonía vuelve al debate tras la suspensión indefinida de la actividad en la provincia de Napo, decretada por el Ministerio de Ambiente y Energía el 2 de febrero de 2026. La medida busca frenar los graves impactos ambientales y sociales, aunque 59 concesiones mineras siguen legalmente vigentes en la provincia De estas, 55 corresponden a pequeña minería (43 metálicas, 4 no metálicas y 8 de construcción), una a mediana minería de oro y tres al Régimen General. Pese a que muchas concesiones se clasifican como “no metálicas”, el interés extractivo real se centra en el oro, lo que explica la presión sobre ríos y bosques, y el aumento de conflictos socioambientales. La suspensión respondió a alertas por contaminación hídrica y sus efectos en la salud local. El gobierno desplegó un operativo con policía, fuerzas armadas y agencias de control para clausurar actividades, vigilar la zona y aplicar sanciones.
