La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) y otras organizaciones periodísticas exigen a las autoridades que respeten los derechos constitucionales de los periodistas y les permitan trabajar «sin interferencias, abusos físicos, amenazas o intimidación».
Manifiestan solidaridad con los comunicadores agredidos física o verbalmente por agentes de inmigración y policías durante la cobertura de protestas en Mineápolis, Chicago, Los Ángeles y otras ciudades. En un comunicado conjunto, detallan incidentes donde periodistas fueron rociados con gas pimienta y otros irritantes, mencionando el caso de Nick Valencia durante la cobertura del asesinato de Alex Prett en Mineápolis.
Señalan que este trato es consistente con las experiencias de otros colegas en redadas y manifestaciones. «El periodismo está protegido por la Constitución. Las fuerzas del orden deben respetar el papel vital que desempeñan», afirman. «El derecho a informar en situaciones volátiles sin riesgos es fundamental. Cuando se vulneren estos derechos, no nos quedaremos callados».
