La audiencia del caso Triple A fue suspendida indefinidamente por el Tribunal, generando cuestionamientos por el manejo del recurso procesal. El proceso investiga desvío ilegal de combustible subsidiado, involucrando a 22 personas y empresas, incluido el alcalde de Guyaquil, Aquiles A., con vigilancia electrónica.
Tras negar una nulidad, la empresa FUELCORP presentó un recurso de aclaración. Aunque este recurso tiene alcance limitado, el Tribunal suspendió la audiencia para “reflexionar”, postergando el juicio indefinidamente. El proceso ya acumula catorce postergaciones. La decisión genera dudas sobre si responde a incapacidad para resolver el recurso o a una actuación deliberada que afecta la celeridad procesal. Reabre el debate sobre la responsabilidad de los tribunales especializados en garantizar justicia eficiente y oportuna, especialmente en causas de corrupción y crimen organizado.
