La Contraloría General del Estado inició este 30 de enero de 2026 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de directivos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en varias provincias. La medida se adoptó tras allanamientos a oficinas de la ANT en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, como parte del caso Jaque, que investiga una presunta red de delincuencia organizada dentro de la institución.
Se indaga el cobro ilegal para agilizar trámites. Nueve funcionarios, incluido el director, fueron detenidos. En los operativos se halló dinero en efectivo, dispositivos de almacenamiento, licencias y joyas. El ministro del Interior, John Reimberg, vinculó a los detenidos con el grupo Los Choneros, señalando que cobraban entre 150 y 200 dólares por licencias a domicilio y frecuencias ilícitas. El perjuicio estimado supera los 3 millones de dólares. Las auditorías estarán a cargo de la Dirección Nacional de Auditoría de Declaraciones Patrimoniales Juradas.
