UNA LEY QUE SÍ FRENE LA EXTORSIÓN
La extorsión ya no es un problema marginal en Ecuador, va camino a institucionalizarse. El aparato jurídico ecuatoriano, desbordado e ineficiente, no ha logrado frenar esta modalidad delictiva que obliga a ciudadanos y empresarios a elegir entre pagar ‘vacunas’ o arriesgar sus vidas y patrimonios. No obstante, quien opta por los pagos debe saber que podría enfrentar riesgos que trascienden las fronteras nacionales. Estados Unidos, en su intento de debilitar a estos grupos catalogados como “terroristas” (dos de ellos con presencia activa en el país), estaría dispuesto a penalizar el pago de estas extorsiones, pues lejos de ver a las empresas como víctimas de este sistema, podría acusarlas de estar ayudando a estos grupos financieramente. En un contexto de control internacional, México ya ha fortalecido su marco legal para blindar a sus empresas contra la extorsión pero, ¿qué está haciendo Ecuador al respecto? El país no puede permitir que la extorsión eche raíces más profundas en el tejido social y económico. Se necesitan leyes más contundentes, instituciones fortalecidas y una estrategia integral que no solo persiga a los extorsionadores, sino que proteja a las víctimas. Cuando el pago de ‘vacunas’ se normaliza, cuando se asume como un costo más de operación, el Estado está renunciando a su responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana.
