Christian Murillo Delgado PHD
Ph.D. en Gestión Pública y Gobernabilidad
En las relaciones internacionales, los Estados no actúan movidos por gestos de buena voluntad, sino por la defensa concreta de sus intereses vitales. Esta premisa, central en la Teoría Realista de las Relaciones Internacionales, resulta clave para comprender la decisión del Ecuador de adoptar medidas arancelarias frente a Colombia en un contexto marcado por la inseguridad fronteriza y la expansión del narcotráfico. Lejos de tratarse de una disputa meramente comercial, el conflicto revela una verdad incómoda: cuando la cooperación en seguridad es insuficiente, el comercio deja de ser un espacio neutral y se convierte en un instrumento de presión legítimo del Estado. Durante años, Ecuador ha cargado con los efectos colaterales de una frontera norte permeable al crimen organizado transnacional. El narcotráfico, las economías ilegales y la presencia de actores armados irregulares no solo han erosionado la seguridad ciudadana, sino que han puesto a prueba la capacidad institucional del Estado ecuatoriano. Frente a este escenario, la respuesta colombiana en términos de cooperación efectiva y resultados verificables ha sido, en el mejor de los casos, limitada. La ausencia de una acción coordinada y contundente ha obligado al Ecuador a replantear su política exterior desde una lógica de defensa del interés nacional. Henry Kissinger, uno de los principales exponentes del realismo político, sostenía que la política exterior se construye sobre la base del poder, no de las intenciones. Bajo esta perspectiva, el uso de aranceles por parte del Ecuador no constituye un acto hostil, sino una señal estratégica. En el sistema internacional, los Estados emplean los instrumentos a su alcance —diplomáticos, económicos o coercitivos— para inducir conductas cuando los mecanismos tradicionales de cooperación fallan. Pretender que la seguridad fronteriza puede aislarse del comercio es desconocer cómo opera realmente el poder en el escenario global. Esta lógica no es ajena a la política exterior de los Estados Unidos. Washington ha considerado históricamente al narcotráfico como una amenaza directa a su seguridad nacional y hemisférica, y ha recurrido en múltiples ocasiones a sanciones económicas, restricciones comerciales y presiones diplomáticas contra Estados que no cumplen con estándares mínimos de cooperación. Ecuador, al priorizar la lucha contra el crimen transnacional y alinear su accionar con esta visión, no hace sino insertarse en una práctica ampliamente aceptada en la política internacional contemporánea. Desde una lectura realista, la soberanía no se declama: se ejerce. Y ejercerla implica tomar decisiones incómodas cuando la seguridad del territorio y de la población está en riesgo. La frontera norte no es solo una línea geográfica, sino un espacio estratégico donde se define la capacidad del Estado ecuatoriano para garantizar orden, legalidad y control. En este contexto, exigir corresponsabilidad a Colombia no es una ruptura del espíritu integracionista andino, sino una condición indispensable para que dicha integración sea sostenible y creíble. Como advertía Kissinger, el orden internacional se mantiene cuando los Estados comprenden los límites de la tolerancia de sus pares. Ecuador ha marcado esos límites con claridad. La seguridad fronteriza y el combate al narcotráfico no son negociables ni subordinables a intereses comerciales coyunturales. Mientras no exista una cooperación efectiva y verificable, el uso de herramientas económicas como mecanismo de presión seguirá siendo no solo legítimo, sino necesario. En el mundo real, la estabilidad se construye con decisiones firmes, y Ecuador ha decidido actuar.
