El Gobierno presentó un nuevo plan integral de seguridad que busca debilitar a las organizaciones criminales, mediante una inversión USD 180 millones, el uso de tecnología de última generación y el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Desde el inicio de la declaración de conflicto armado interno en Ecuador, las autoridades aseguran que se han logrado resultados como la desarticulación de estructuras criminales, la captura de objetivos de alto valor y el fortalecimiento del control territorial. El plan contempla la ejecución de 11 proyectos estratégicos.
Entre ellos se incluyen la compra de siete helicópteros bimotores, la adquisición de un buque logístico multipropósito y la implementación de un sistema radar 3D, además de escáneres y drones para reforzar el control en fronteras terrestres, marítimas y aéreas. La Presidencia informó que uno de los ejes centrales de la estrategia es la modernización de los sistemas tácticos de inteligencia.
El plan también refuerza las acciones contra la minería ilegal, además de la incorporación de los sistemas IBIS y AFIS, que facilitan la identificación científica de armas, municiones e identidades, con el objetivo de reducir la impunidad. En el ámbito migratorio, Ecuador incorporará herramientas que permitirán contar con información anticipada de los pasajeros antes de su llegada al país, Colombia suspendió por 30 días hábiles el ingreso terrestre de arroz ecuatoriano, manteniendo abiertas las rutas marítima y aérea.
Esta medida es más flexible que los aranceles del 30% aplicados a otros 73 productos ecuatorianos, y refleja la dependencia colombiana de este grano. La restricción temporal afecta solo los cruces por Ipiales y Puerto Asís. El veto terrestre elevará los costos logísticos para las 65.000 toneladas fortaleciendo los controles y la seguridad fronteriza.
En materia penitenciaria, el Gobierno proyecta consolidar un sistema carcelario más seguro, con la operación de la Cárcel del Encuentro y la construcción de un nuevo centro penitenciario con capacidad para 15.000 personas en un plazo estimado de entre 15 y 18 meses. Además la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) intensificará el seguimiento del dinero ilícito, con apoyo internacional.
