El presidente Daniel Noboa reformó nuevamente la contratación pública con el Decreto 289, enfocándose en el desabastecimiento de medicamentos.
La reforma centraliza la compra de fármacos, insumos críticos y servicios de alta complejidad mediante compras corporativas, con el objetivo de reducir costos y evitar quiebres de stock en la Red Pública. Se establecen controles reforzados, exigiendo al menos tres proformas, salvo excepciones debidamente autorizadas. Expertos consultados plantean dudas sobre su efectividad.
Francisco Andino, exministro de Salud, cuestiona que sea un «parche» mientras no se reforme la ley de fondo, señalando distorsiones en precios referenciales que generan observaciones subjetivas. «Eso perturba la salud pública», afirmó. Criticó que la responsabilidad recaiga solo en funcionarios operativos y no en los asambleístas, y denunció compras de baja calidad sin controles adecuados.
Para el contexto invernal, propuso contratos plurianuales y mejor planificación, ya que «cuando compras tarde, la licitación dura meses y el invierno ya se acabó». Luis Alberto Andrade, exsubdirector del Sercop, indicó que el procedimiento puede agilizar las contrataciones, pero advirtió que el desabastecimiento es complejo si no se planifican correctamente las cantidades requeridas. Sugirió retomar el catálogo electrónico de medicamentos, incorporando la mayor cantidad posible del cuadro básico, insumos y dispositivos necesarios.
Sostuvo que la transparencia es crucial y alertó sobre riesgos en figuras como la «baja concurrencia» si no se definen con rigor técnico. Concluyó que acudir a proveedores internacionales es válido cuando la oferta nacional no cubre la demanda, priorizando siempre el interés general.
