El acceso público a los contratos que el Estado firmó en octubre de 2025 con las operadoras Claro (Conecel) y Tigo (Otecel) está sujeto a filtros de confidencialidad, lo que retrasa y limita su divulgación integral.
El 12 de diciembre de 2025, EXPRESO solicitó a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), amparado en la Ley de Transparencia (LOTAI), los contratos de renovación de concesiones hasta 2038 y los de la red 5G. Casi un mes después, el 8 de enero de 2026, la entidad respondió que la solicitud «aún se encuentra tramitándose».
En un oficio, el director ejecutivo de Arcotel, Jorge Roberto Hoyos, argumentó que los contratos contienen «información legalmente clasificada como confidencial», ya que integran «aspectos estratégicos, técnicos y comerciales cuya difusión irrestricta podría afectar la seguridad del sector y la competencia». Agregó que se espera un informe del Delegado de Protección de Datos para «determinar con precisión» qué componentes son reservados y cuáles públicos. Solo entonces se elaborarían «versiones públicas», sin fecha definida.
Los contratos se firmaron el 30 de octubre de 2025. El gobierno anunció que generarían ingresos por $1.550 millones, pero no ha detallado las condiciones, inversiones, plazos de expansión de infraestructura (especialmente en zonas rurales) o los montos por el espectro.
La LOTAP establece que cualquier persona puede solicitar información pública sin justificar sus razones. La norma da a las entidades un plazo de diez días hábiles para responder, prorrogable por cinco días más. La respuesta de Arcotel, emitida tras casi un mes, no solo supera este plazo, sino que condiciona la entrega a un proceso de revisión interno indefinido, postergando el escrutinio público.
