Los gremios (entre ellos ASPE, Aprobal, Conave y Fedavie) señalan que el 95% de la cosecha nacional de 2025 ya fue absorbida, no hay maíz disponible en campo y las últimas existencias, en manos de intermediarios, se agotarán en marzo. La próxima cosecha no empezaría antes de abril, y se prevé que el fenómeno de La Niña traiga sequía en 2026, afectando la productividad.
Esta presión se refleja en el precio: el quintal subió de $17,35 a $19, confirmando —según la industria— que la demanda supera la oferta. Califican de “alarmistas” las voces que hablan de falta de absorción del grano nacional.
Su principal reclamo es la reactivación de las licencias de importación, paralizadas desde noviembre bajo el argumento oficial de proteger al productor local. Esta medida, afirman, ha complicado la logística, elevado costos y puesto en riesgo la producción continua de proteína animal. Exigen importación temporal para estabilizar el mercado y que los cambios de autoridades no afecten la tramitación regular de permisos.
LA POSTURA CONTRARIA DE LOS AGRICULTORES
Desde el sector agrícola, la visión es opuesta. Productores de maíz rechazan la alerta de desabastecimiento. José Luis García, de la Defensa de los Agricultores, señaló que, según la última reunión con el Ministerio de Agricultura, sí existe suficiente maíz en el país y no es necesaria la importación.
Sobre el precio, García aclaró que existe una banda oficial entre $17,35 y $19, por lo que el valor actual se mantiene dentro del margen. Enfatizó que solo el Ministerio, con “cifras reales y verificables”, debe determinar si hay escasez, para evitar decisiones que perjudiquen a los productores nacionales.
Agregó que aún no se ha fijado el nuevo precio oficial y que en futuras reuniones la autoridad debe demostrar con datos concretos la existencia del grano.
Los gremios industriales reiteran su disposición al diálogo y piden retomar conversaciones formales con el Gobierno para atender la crisis, asegurando su compromiso con la cadena productiva.
