Un total de 50 embarcaciones dedicadas a la pesca han sido objeto de una denuncia presentada por Oceana ante la Dirección General de la Marina Mercante. La acusación señala que estas naves habrían apagado “de manera premeditada” sus equipos de localización automática (AIS), una conducta prohibida para la flota europea salvo en contextos de riesgo como ataques piratas.
La entidad conservacionista subraya que, aunque la legislación vigente obliga a mantener estos dispositivos funcionando, las desconexiones entre los pesqueros de la UE “siguen produciéndose regularmente”, mientras que “las sanciones resultan excepcionales”.
UN PROBLEMA GENERALIZADO CON ESCASAS CONSECUENCIAS
Ignacio Fresco Vanzini, quien asesora en temas políticos a Oceana en el ámbito europeo, expresó su preocupación por la situación. Según explicó, cuando un barco con bandera española desactiva este sistema de identificación, comete una falta seria que atenta contra la transparencia del sector. “El problema radica en que, pese a estar ampliamente extendido, este tipo de conductas raramente son perseguidas por las autoridades españolas”, manifestó.
El experto enfatizó que la operación continua del geolocalizador AIS no es solo un requisito legal, sino una necesidad vital: protege la vida de quienes trabajan en el mar, permite a los Estados ejercer control sobre sus espacios marítimos, y posibilita que tanto la sociedad civil como las naciones en cuyas aguas operan estos barcos realicen verificaciones independientes de su comportamiento.
MÁS DE 132.000 HORAS SIN RASTRO
El origen de esta denuncia se encuentra en una investigación exhaustiva. Oceana utilizó datos proporcionados por Global Fishing Watch para rastrear las actividades de 464 pesqueros españoles a lo largo de 2024. El análisis reveló que estas embarcaciones apagaron repetidamente sus sistemas de geolocalización, acumulando la asombrosa cifra de 132.420 horas sin emitir señal alguna.
Entre los casos documentados, la organización destaca algunos especialmente preocupantes: determinados buques permanecieron más de 2.000 horas —equivalentes a 83 días— completamente invisibles para los sistemas de seguimiento.
La normativa española es clara al respecto: todo barco pesquero superior a 15 metros de eslora debe mantener su AIS activo permanentemente. Las únicas excepciones admitidas son situaciones extraordinarias relacionadas con la seguridad, que además deben notificarse con antelación desde que entró en vigor la nueva regulación el año pasado.
Frente a estos hallazgos, Oceana plantea cuatro demandas concretas al Ejecutivo español. Primero, que se investiguen exhaustivamente todas aquellas desconexiones que carezcan de justificación. Segundo, que se doten de “recursos suficientes” a las entidades encargadas de detectar y penalizar estos incumplimientos. Tercero, que no se dependa únicamente de denuncias de terceros para actuar contra estas infracciones. Y cuarto, que se mejore la coordinación entre las autoridades marítimas y pesqueras para compartir información en tiempo real y activar investigaciones cuando sea necesario.
El estudio también identifica las regiones donde el problema resulta más acusado. El Atlántico nororiental, especialmente las aguas próximas a España, Portugal y Francia, concentra la mayor parte de las desconexiones. También se registran casos en la costa occidental africana y en aguas del Atlántico central.
En el entorno de la Península Ibérica, varias zonas muestran acumulaciones significativas de estas interrupciones, lo que según Oceana “compromete la seguridad de la navegación, dificulta la transparencia y limita la capacidad de detectar actividades potencialmente ilegales” en estas aguas.
