Quito, EM.- La minería ilegal es hoy la segunda amenaza más grave para el Estado ecuatoriano. Destruye territorios, desplaza comunidades, financia a las mafias del crimen organizado y contamina ríos que sostienen la vida de miles de familias. Por ello, el Gobierno Nacional ha desplegado operaciones sostenidas a través del Bloque de Seguridad para asfixiar la economía criminal que por años se enriqueció destruyendo nuestro patrimonio natural. En lo que va del 2025, la afectación económica supera los USD 2.000 millones, resultado de operaciones tácticas que han desmantelado infraestructura criminal utilizada para la extracción ilícita, incluyendo 41 dragas, 360 retroexcavadoras y 1.344 bocaminas conectadas a redes de financiamiento delictivo. Para dimensionar este avance, en 2024 la afectación alcanzó más de USD 555 millones. Esto evidencia un golpe sin precedentes: este año se ha logrado más del triple del impacto económico contra las mafias dedicadas a la minería ilegal. En Imbabura, el gran golpe en Buenos Aires marcó un punto de inflexión, desmantelando estructuras que dominaban el territorio y controlaban zonas de extracción a gran escala. En Azuay, la operación en La Chonta consolidó uno de los reveses más contundentes contra las mafias mineras del sur. En Carchi, se impidió el asentamiento de nuevos campamentos ilegales y se cerraron rutas emergentes utilizadas para transportar material aurífero.
