CRISIS POR LAS DEUDAS

El país vive una crisis por la enorme cantidad de deudas que permanecen en mora. Los últimos datos oficiales indican que unos cuatro millones de personas acumulan retrasos en algún tipo de deuda. En Pichincha, entre enero de 2023 y agosto de 2025, se registraron más de 315.000 procesos judiciales por obligaciones impagas, el 56% son por cobros de pagarés usados en créditos de consumo y refinanciamiento. Los morosos se exponen, incluso, a la pérdida de su patrimonio. Y aunque se pudiera creer que es una consecuencia del consumismo, el fenómeno guarda relación con otros factores como el desempleo y la inseguridad. Hay quienes culpan a los bancos y las cooperativas de las deudas que colocan, a veces engañadas por los solicitantes que sobredimensionan su economía para acceder a un crédito. Pero los deudores llevan la mayor carga de responsabilidad. Algunos creen que si no pagan una deuda no tendrán consecuencias: vendrá el Estado para un salvataje o están dispuestos a esconderse durante meses de las oficinas de cobranzas, pero siempre las hay. Por eso es que la educación financiera debe ser una de las principales preocupaciones del sistema educativo y del Estado. La banca hace su esfuerzo con mensajes directos a sus clientes mostrando herramientas para frenar excesos, fomentar el ahorro y alentar las inversiones. Aunque su alcance es limitado. El cambio, por la crisis estructural por las deudas impagas, enciende una nueva alerta nacional que hay que apagar. La responsabilidad financiera es algo a practicar, incluso, desde lo público. Es difícil exigir al ciudadano que modere su consumo y evite sobre endeudarse, cuando lo mismo hace el Estado desde hace varias décadas. Predicar con el ejemplo suele ser la mejor escuela.