El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, aseguró este lunes 11 de septiembre que apoya la discusión para incorporar el «ecocidio» -entendido a grandes líneas como la destrucción del medio ambiente- como un crimen internacional y que pueda ser juzgado por la Corte Penal Internacional.
«Apoyo la discusión de ésta y otras medidas para expandir la rendición de cuentas por los daños medioambientales, tanto a nivel nacional como internacional», sostuvo Türk, en su discurso de inauguración de la 54º sesión del Consejo de Derechos Humanos, que ha iniciado un periodo de cuatro semanas de reuniones.
Sostuvo que se debe hacer algo para contrarrestar la «impunidad» de la que actualmente se aprovechan personas y empresas que expolian el medio ambiente. En esta misma línea, el alto comisionado felicitó a Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela por las conversaciones que mantuvieron recientemente para establecer «una visión común» sobre el futuro de la Amazonía, que todos estos países comparten.
En esas mismas discusiones se habló de reconocer el derecho de los pueblos indígenas que había en esa región natural a participar en la toma de decisiones. Türk saludó como «un respiro de aire fresco» el anuncio de Brasil de poner fin a la deforestación ilegal de la selva amazónica en el año 2030, así como el voto de los ecuatorianos para que se detenga la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y la minera en la reserva natural del Chocó Andino.
A finales de agosto, tras conocer los resultados de la consulta popular, el Gobierno de Guillermo Lasso anunció que iba a acatar la voluntad de los ciudadanos, que votó a favor de detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. En un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia señaló que «el Gobierno acatará esta decisión una vez que los resultados de la consulta popular sean oficializados y notificados» por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
No obstante, la semana pasada se filtró un video del jefe de Estado en el que señala que, en los meses que le quedan como gobernante, la explotación petrolera continuará. Esas declaraciones las dio el martes 5 de septiembre durante una reunión en el Palacio de Gobierno con líderes y delegados de las comunidades Waoranis y Kichwas de las provincias de Orellana y Sucumbíos, donde cerca del 60 % de sus habitantes no estuvieron de acuerdo con paralizar la explotación petrolera.
El Ministerio de Energía y Petroecuador son responsables de elaborar el plan para finalizar la explotación petrolera del bloque 43 ITT. Las autoridades deben fijar el presupuesto para desmontar la infraestructura petrolera, analizar el impacto ambiental, preparar la documentación para la terminación de contratos con proveedores y trabajadores, determinar la fecha exacta para el cierre de los pozos, entre otras consideraciones.
