Leandro Briones Rivera
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Desde 1990, Ecuador ha enfrentado múltiples paralizaciones indígenas que escalaron a crisis nacionales. Pero en 2025, por primera vez en casi cuatro décadas, un gobierno logró contener un paro de gran magnitud de violencia sin que se desborde al resto del país. El presidente Daniel Noboa y su equipo enfrentaron 31 días de bloqueos en Imbabura, epicentro de la protesta, y lograron desactivarlo sin que Quito ni otras capitales provinciales colapsaran. Las cifras del impacto son contundentes: más de USD 90 millones en pérdidas. La floricultura, pilar productivo de la provincia, registró 27 millones en daños y más de 36 mil empleos afectados. El sector lácteo sufrió caída del 30% en acopio, mientras que el turismo apenas alcanzó una ocupación hotelera al 4,6% durante el feriado de octubre. La construcción, el comercio y la agricultura quedaron paralizados por los 375 bloqueos viales registrados. Sin embargo, el paro no se convirtió en un estallido nacional como en 1990, 2000, 2019 o 2022. ¿Qué cambió? Primero, la anticipación. El Ejecutivo mantuvo operativos activos en salud, educación y alimentación. Segundo, la firmeza: no se derogó el decreto sobre el diésel, pero sí se ofrecieron medidas compensatorias como la reducción del IVA al 8% en Imbabura. Tercero, la presencia territorial: el presidente trasladó su despacho a Latacunga y desplegó un plan de reactivación económica de USD 50 millones. Pero más allá de la logística, el paro reveló una dinámica más compleja. Las movilizaciones comenzaron con un reclamo por el precio del diésel, pero con el paso de los días, los pedidos se multiplicaron hasta parecer una lista para Papá Noel: subir el sueldo básico, derogar decretos, que no haya consulta popular, condonación de deudas, subsidios agrícolas, reformas judiciales, cambios en la política educativa, entre otros. Lo que empezó como una protesta sectorial se transformó en una agitación social con rostro político, donde ciertos actores buscaron desestabilizar al gobierno, atentando contra la institucionalidad y el propio país. Desde la planificación civil, el paro evidenció la fragilidad de la conectividad vial y la necesidad de rutas alternas y protocolos de contingencia. Pero también mostró que la gobernabilidad no depende solo de infraestructura, sino de legitimidad y capacidad de respuesta. Imbabura no debe ser recordada solo por el conflicto, sino por marcar un punto de inflexión: el momento en que el Estado logró contener una crisis sin ceder al chantaje ni reprimir indiscriminadamente. Que esta experiencia sirva para fortalecer la institucionalidad, planificar con enfoque territorial y construir un país donde el diálogo no sea la excepción, sino la norma.
