El miércoles 15 de octubre venció el plazo de la octava prórroga otorgada por el Estado para la firma del contrato con las empresas telefónicas. Desde 2023 se negocian las nuevas condiciones.
La falta de un convenio impide la llegada de nueva tecnología e inversiones. La última vez que el Estado ecuatoriano firmó un contrato con las operadoras de telefonía móvil fue en 2008, y debía renovarse en 2023.
En aquella época, la comunicación era diferente: los teléfonos se usaban principalmente para llamadas regulares y envío de mensajes de texto, mientras que apenas llegaban los primeros dispositivos con conexión a internet, con funciones limitadas. Diecisiete años después, las condiciones para Conecel (Claro) y Otecel (Movistar y Tuenti) se mantienen sin cambios porque no se ha firmado el nuevo contrato.
Para preservar el servicio, el Estado entregó una prórroga indefinida a Claro y ha ejecutado ocho prórrogas con Movistar. La última culminó este miércoles, sin una respuesta oficial sobre si habrá o no una novena renovación.
Además, la renovación del título habilitante es un paso imprescindible para que la compañía Millicom, con su marca Tigo, pueda ingresar al país, luego de adquirir Movistar y Tuenti Ecuador, que operan bajo Otecel.
