DERECHO A CONOCER EL DESTINO DE LOS RECURSOS
En los últimos años, el Gobierno ecuatoriano ha implementado una serie de reformas que, si bien han estado justificadas por la urgencia de sanear las finanzas públicas, también han generado un profundo malestar en la ciudadanía. Medidas como el incremento del IVA del 12 % al 15 % y la eliminación del subsidio a los combustibles han impactado directamente en el bolsillo de los ecuatorianos. Pero las justificaciones técnicas no bastan para sostener estas políticas públicas. Las autoridades tienen la obligación de rendir cuentas detalladas sobre el destino específico de los recursos obtenidos a través de estos sacrificios ciudadanos. La promesa de erradicar la inseguridad mediante el incremento de tres puntos porcentuales del IVA no se ha materializado; por el contrario, la violencia sigue galopante en nuestras calles. Visto así, es una realidad que alimenta cualquier protesta ciudadana, que no percibe mejoras pese a los esfuerzos que realiza. Con la reciente decisión de eliminar el subsidio al diésel, el Gobierno tiene una nueva oportunidad para demostrar transparencia y eficacia en la gestión pública. No puede limitarse a esperar ocho meses, cuando termine la entrega de compensaciones, para detallar el uso de estos recursos. La administración requiere de voceros idóneos que presenten públicamente cada uno de los logros alcanzados.
