Subsidio al gas se mantiene: Gobierno garantiza que no está en agenda eliminarlo

La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, aseguró en entrevista con Teleamazonas que el subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) no será eliminado.

“Yo se lo puedo garantizar. El gas no está en agenda. Es importante para el consumo de los hogares”, afirmó con contundencia ante las dudas generadas por la reciente eliminación del subsidio al diésel.

Moya explicó que, a diferencia del diésel, el GLP tiene un uso doméstico focalizado y su retiro no está contemplado en las reformas actuales. Esta postura coincide con el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que recomienda revisar los subsidios a combustibles fósiles, pero excluye al gas por su impacto social.

La ministra también respondió a cuestionamientos sobre la credibilidad del Gobierno, luego de que el presidente Daniel Noboa declarara en 2023 que no se tocaría el subsidio al diésel. “Esa declaración fue previa a asumir la presidencia, y se basó en datos de déficit que no habían mandado a devengar. Se hablaba de $2.800 millones, pero el déficit real era de $6.000 millones”, explicó.

Actualmente, el déficit fiscal se estima entre $3.000 y $4.000 millones. Según Moya, el Ejecutivo está reenfocando recursos para cubrir necesidades prioritarias sin afectar el consumo básico de los hogares. “Nosotros somos un gobierno de palabra, pero también un gobierno que escucha y que está cercano a la ciudadanía”, subrayó.

“Estamos cerrando una tubería rota”

La eliminación del subsidio al diésel ha generado reacciones divididas. Mientras sectores productivos respaldan la medida como necesaria para sanear las finanzas públicas, organizaciones sociales y sindicales han pedido su derogatoria.

Moya defendió la decisión como parte de una transformación estructural: “Es una medida pensada en los sectores vulnerables, para que los recursos no sigan financiando al crimen organizado”.

Según el Gobierno, el subsidio al diésel representaba un gasto anual de $1.100 millones, con pérdidas por contrabando y uso irregular que superaban los $200 millones.

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