¿POR QUÉ TUS IMPUESTOS DEBEN PAGAR CAMPAÑAS POLÍTICAS?

La consulta popular que el Gobierno aspira a ejecutar hacia finales de 2025 incluye la pregunta sobre la prohibición de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas. La pregunta es necesaria y coherente con el objetivo de hacer del Estado uno eficiente, que utilice los recursos públicos para cuidado y beneficio de la población. La obligación de que el Estado destine fondos públicos a pagar campañas electorales y proveedores como agencias de publicidad y medios de comunicación nació con el Código de la Democracia impulsado por el Gobierno de Rafael Correa en 2009. Un mal entendido sentido de “equidad” y “democratización” inventó una industria perversa en la que las constantes elecciones son un negocio de unos pocos, en detrimento de los intereses de millones de ecuatorianos. En cada elección, el Estado gasta un promedio de $90 millones solo en el “fondo de promoción electoral”. A esto se suma el Fondo Partidario Permanente entregado anualmente a los partidos que tienen al menos un asambleísta en funciones. La justificación de que “si no paga el Estado, pagará el narcotráfico” es propia de una sociedad que desconfía de su propio sistema de Justicia y control. Existen entidades designadas para evitar estos delitos, y ninguna de ellas pertenece a la Función Electoral. El anexo a la pregunta 2 termina con una curiosa ambigüedad: “El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate.” Si bien no se explica cómo lo garantizará, toda reducción en el uso de fondos públicos que aupe el piponazgo en el que operan la gran mayoría de partidos y movimientos, será un paso más hacia un Estado más libre y eficiente.