TRANSPARENCIA SOBRE EL FINANCIAMIENTO
La transparencia en el financiamiento de marchas políticas no es un favor, es una obligación en democracia. La reciente movilización, con la presencia del presidente de la República, genera dudas legítimas sobre el origen de los recursos que la hicieron posible. El país tiene derecho a saber si se trató de aportes privados o colectivos sociales, porque lo intolerable sería que fondos públicos se destinen a atacar a otro poder del Estado. Usar dinero de los contribuyentes para presionar o deslegitimar a la Corte Constitucional sería un atropello inadmisible. La Corte actuó en el marco de la ley al admitir demandas sobre normas cuestionadas por su inconstitucionalidad. Pretender convertir esa labor en blanco de hostigamiento mediante marchas financiadas con recursos estatales rompe el equilibrio democrático y erosiona la independencia judicial. El Ejecutivo y los organizadores no pueden seguir guardando silencio: deben explicar de forma inmediata y precisa de dónde provino el dinero. No hacerlo alimenta la desconfianza y profundiza la confrontación institucional. La nueva marcha ya está convocada y la ciudadanía exige claridad antes de que se repita la opacidad. No es un detalle menor, es un asunto ético y político de primera magnitud.
