En una polémica decisión, la Asamblea Nacional dio paso a la llamada Ley de Transparencia Social, que trae consigo un nuevo y cuestionado impuesto a las utilidades. Con 78 votos a favor, el proyecto impulsado por el presidente Daniel Noboa encendió las alarmas en el sector empresarial y en los trabajadores que dependen de la reinversión de esas ganancias.
La normativa establece un gravamen fijo del 12 % sobre las utilidades distribuidas, al que se suma un cobro adicional de entre 0,75 % y 2,5 % a las utilidades retenidas, es decir, aquellas que las empresas guardan para reinvertir. Economistas y empresarios denuncian que se trata de una doble tributación, que restará competitividad y podría golpear la creación de empleo en el país. Las reacciones no se hicieron esperar.
El Partido Social Cristiano calificó la medida como “absurda y abusiva”, mientras expertos advierten que se ahuyentará la inversión privada y extranjera. Para muchos, este nuevo impuesto es un castigo a quienes intentan mantener vivas sus compañías en medio de una crisis económica que ya golpea a miles de familias. En redes sociales, ciudadanos expresaron su indignación, señalando que mientras se habla de atraer capitales y generar confianza, se aprueban leyes que ponen más cargas sobre la espalda de los contribuyentes.
