La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado al Estado ecuatoriano tres meses para que se pronuncie sobre las causas por las que el expresidente Abdalá Bucaram fue destituido del cargo por el entonces Congreso Nacional en febrero de 1997.
El pedido se realiza en el marco de una demanda interpuesta en 2015 por Bucaram ante la CIDH, en la que pide que se declare responsable al Estado por la violación a sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la integridad personal, entre otros, al haber sido destituido de la Presidencia por una supuesta «incapacidad mental» y sin un juicio político que le permitiera ejercer su derecho a la defensa.
La solicitud de información fue notificada el pasado lunes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y en su respuesta el Estado deberá explicar si el proceso fue legal y señalar si acepta los hechos denunciados por Bucaram o si los rechaza, según explicó este miércoles a EFE el abogado del expresidente, Jorge Sosa.
