La autoridad penitenciaria ordenó el traslado de los exasambleístas Santiago Díaz y Pablo Muentes, quienes se encontraban detenidos en el Centro de Rehabilitación Social Pichincha N.º 2, hacia la prisión de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil.
Según un documento emitido por el SNAI el 4 de agosto de 2025, esta decisión se tomó tras una advertencia del Centro Nacional de Inteligencia, que alertó sobre un posible riesgo para la vida de ambos exlegisladores en la Cárcel 4 de Quito.
El informe señala que la medida busca “proteger su seguridad e integridad física” y prevenir cualquier acto violento que pudiera poner en peligro sus vidas.
Santiago Díaz Asque, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, permanece en prisión preventiva desde hace tres semanas, mientras enfrenta un proceso judicial por la supuesta violación de una niña de 12 años.
El legislador, suspendido de sus funciones el 29 de julio, presentó una acción de habeas corpus con el objetivo de impedir su traslado, pero la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó el recurso.
La defensa argumentó que una jueza había dispuesto que su detención debía cumplirse en la Cárcel 4 de Quito, y además alegó que Díaz padece una condición cardíaca producto de un infarto ocurrido dos años atrás. Pese a ello, el traslado a La Roca se efectuó el 5 de agosto.
Díaz se entregó a las autoridades el 21 de julio de 2025, luego de permanecer varios días prófugo tras hacerse pública la denuncia el 8 de julio. El Gobierno incluso ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información sobre su paradero.
Tras conocerse el caso, fue expulsado del bloque legislativo de la Revolución Ciudadana. Asimismo, un controvertido proyecto de ley que promovía la reducción de la edad de consentimiento sexual, presentado por él, fue archivado en la Asamblea Nacional.
El mismo día de su entrega en Quito, el exmandatario Rafael Correa, líder del correísmo, expresó su repudio por las acciones de Díaz y manifestó que lo sucedido causaba vergüenza al movimiento.
“Solo queda pedir disculpas al pueblo ecuatoriano”, declaró Correa, asegurando que el comportamiento del legislador sorprendió a toda la organización.
Por su parte, Pablo Muentes, exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC), cumple una pena de 13 años y cuatro meses de prisión tras ser condenado por delincuencia organizada dentro del caso Purga.
La justicia lo responsabilizó, junto con la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas y varios jueces, de participar en una red destinada a manipular fallos judiciales.
