INTIMIDACIÓN A LA JUSTICIA
Fue dictada hace poco la sentencia que condena a casi diez años de cárcel a dos exmiembros del Consejo de la Judicatura por obstruir a la Administración de Justicia, pese a que están llamados a ser sus guardianes. El caso es insólito. La Fiscalía había promovido en contra de uno de ellos un proceso penal por tráfico de influencias, pero antes de que se instale la audiencia en la que debía formulársele los cargos respectivos se fraguó un proceso disciplinario para suspender al juez de la causa. Ante ello, la reciente sentencia de la Sala Penal de la Corte Nacional ha establecido, sin rodeos, que más allá de que el Consejo de la Judicatura tiene facultades para sancionar jueces, el haber abierto ‘coincidentemente’ un proceso disciplinario a quien estaba por procesar a uno de sus vocales constituyó un delictivo acto de intimidación para interferir en las funciones judiciales. Con ese mismo rasero debería también medirse a quienes, con intimidaciones o amenazas, quieran amedrentar las tareas institucionales de los jueces de la Corte Constitucional. Si bien sus fallos pueden no estar exentos de errores, en el Ecuador de hoy, carcomido por la corrupción y los vergonzosos conflictos de interés, ese alto tribunal ha sabido salvaguardar su independencia frente a los abusos del poder. No podemos perder ese último bastión.
