INVERSIONES Y ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS

En el mes de junio se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Integridad Pública. Uno de los temas más relevantes que introduce esta ley es que deja sin efecto la existencia de la Secretaría Técnica de Alianzas Público-Privadas. Esta Secretaría, que contaba con rango ministerial, tenía como objetivo principal impulsar y gestionar todo lo relacionado con alianzas entre lo público y lo privado, con la finalidad de atraer inversiones importantes al país. Con la nueva ley, esta Secretaría desaparece y sus funciones pasan a distintos ministerios, principalmente al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Aunque estos cambios sin duda buscan incentivar y optimizar la gestión pública vinculada a la atracción de inversiones, lo cierto es que durante el período de transición puede producirse un aletargamiento en los procesos, especialmente en temas que requieren respuestas rápidas y efectivas. En lo que respecta a las inversiones, es conocido que en los años 2023, 2024 y lo que va del 2025, con excepción de los sectores minero y energético, los niveles de inversión extranjera en Ecuador han sido bastante limitados en comparación con otros países de la región. En muchos casos las cifras han disminuido y pocas veces han alcanzado los niveles deseados para un país que necesita urgentemente inversión extranjera directa como motor para fortalecer su economía y generar empleo. Por ello, se mantiene la expectativa sobre cómo el Ministerio de Producción asumirá plenamente las competencias que tenía la extinta Secretaría Técnica. Es importante observar quiénes estarán a cargo, qué capacidades técnicas tienen y cuál será el alcance real de su gestión. Esto será clave para determinar si la medida tendrá un efecto positivo o no en el clima de inversión. A esto se suman otros factores que generan incertidumbre, como la tasa minera, actualmente demandada por inconstitucionalidad por sectores del ramo. Este tipo de medidas pueden generar desconfianza entre los inversionistas, especialmente cuando sienten que se encarecen sus costos o se modifican las reglas del juego en plena marcha. En consecuencia, aunque las reformas buscan fortalecer el entorno de inversión, deben aplicarse con oportunidad, claridad y solidez técnica. De lo contrario, podrían terminar teniendo un efecto contrario al esperado.