TRANSPARENCIA EN CONTRATOS FALLIDOS
Los millonarios contratos energéticos firmados por el Estado constituyen uno de los episodios recientes más graves de irresponsabilidad administrativa. El primer informe de Contraloría sobre estas adjudicaciones ha comenzado a destapar una cadena de irregularidades que demanda una investigación exhaustiva. La magnitud del perjuicio económico causado al Estado y la gravedad de exponer al país al riesgo de vivir nuevos racionamientos eléctricos exigen que este proceso se conduzca con la máxima rigurosidad y transparencia. La ruta de responsables que ha trazado la Contraloría genera revuelo, desde ya, en el Ministerio de Energía. Sin embargo, es preocupante que hasta ahora se mantengan en reserva las identidades de los involucrados. La investigación no puede limitarse a los eslabones más débiles de la cadena de funcionarios implicados en la negociación de estos contratos fallidos. Si verdaderamente se busca justicia es imperativo que el proceso alcance a todos los niveles jerárquicos, sin excepción de rangos ni posiciones. Si existen funcionarios que jugaron con el bienestar de millones de ecuatorianos en plena emergencia eléctrica, que hicieron mal uso de recursos que pertenecen a todos los ciudadanos, deben enfrentar las consecuencias de sus actos.
