UNA REFORMA JUDICIAL PELIGROSA
Mejorar el sistema de administración y gestión de la justicia es algo que interesa a todos los sectores sociales e instituciones del Ecuador. Tal como está funcionando este sistema es imposible que en el país exista seguridad jurídica que favorezca la inversión (local y extranjera), así como el desarrollo y la armonía social. Por ello declarar en emergencia al sector puede ser una iniciativa positiva. Sin embargo, la forma en que el Gobierno está manejando el tema deja espacio para sospechas e inquietudes. En la actuación de sus operadores para hacer las reformas judiciales está primando el criterio político antes que el judicial. Lograr el control en este ámbito parecería ser la única motivación: solo así se explica la opacidad en la gestión que apunta a conseguir que la terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia esté presidida por quien fue abogado de narcotraficantes y un funcionario señalado por incompetencia. O que en la Asamblea se haya introducido repentinamente en un segundo debate una reforma para dar facultades extraordinarias a dicho presidente, quien muy probablemente sería el actual candidato de la Corte Nacional y quien manejaría la emergencia en la Justicia. El país necesita una reforma al sistema judicial, no una fórmula para coaccionar a actores políticos por medio de decisiones judiciales.
