Este jueves fue publicada en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Integridad Pública, luego de su aprobación en la Asamblea Nacional con 84 votos afirmativos y sin recibir objeciones del Ejecutivo. La normativa, presentada con carácter de urgente en materia económica, plantea una reforma estructural para combatir la corrupción, fortalecer las instituciones del Estado y frenar la penetración del crimen organizado en el sector público. La ley reforma cerca de 20 cuerpos normativos y se sustenta en cuatro ejes fundamentales:
1.La contratación pública
2.El fortalecimiento institucional del sector público
3.La gestión pública integral
4.Y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez ecuatoriana
Uno de los puntos más discutidos fue el endurecimiento de penas para adolescentes vinculados al crimen organizado. La ley establece penas de hasta 15 años de privación de libertad para menores de edad que cometan delitos graves como homicidio. No obstante, se incluye un beneficio para quienes colaboren con la justicia: si un adolescente delata a sus reclutadores, su condena podrá reducirse hasta en un 50%.
La ley también introduce medidas excepcionales para depurar el sistema judicial. Incluye la posibilidad de declarar la emergencia en la Función Judicial, lo que permitiría adoptar acciones urgentes para garantizar el funcionamiento y la calidad del servicio de justicia. Además, tipifica como infracciones graves las conductas de jueces, juezas y fiscales que favorezcan al crimen organizado o que obstaculicen procesos de control patrimonial. Otros temas abordados en la normativa incluyen sanciones por prevaricato, depuración del Registro Único de Proveedores, reservas de mercado para la economía popular y solidaria, y la evaluación de servidores públicos.
