La ley de integridad hace modificaciones al modelo laboral de los servidores públicos cuya productividad no estaba sistematizada. Esta vez el enfoque es que la estabilidad de los funcionarios esté condicionada a resultados de calidad y eficiencia que se medirán en evaluaciones periódicas, incluso para quienes hagan teletrabajo.
El Ministerio de Trabajo debe incorporar un sistema informático que cuente con alertas para reportar incumplimientos de los indicadores de desempeño y disciplinarios aplicados a los servicios ciudadanos. Esa plataforma debe estar integrada a recursos humanos y mantenerse actualizada. Las evaluaciones serán cada 6 meses para medir la calidad del trabajo, la conducta institucional, la eficiencia y la responsabilidad en las entidades del estado, incluso las contrataciones públicas.
