En la recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional, se incluyen nuevas figuras legales para sentenciar a personas que integran grupos armados organizados (GAO) en medio del actual conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa en el Decreto 111.
En la sección de generalidades , con el artículo 1, se busca establecer un régimen jurídico especial en el marco del conflicto armado interno por medio de la incorporación de medidas financieras, tributarias y de seguridad.
Además, se esclarece que la agrupación de tres o más personas con una estructura de poder, organizada, que ejerza violencia contra el Estado, la población y bienes civiles de manera prolongada, será considerado como Grupo Armado Organizado (GAO).
Se reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para aumentar lo dispuesto en el artículo 139, según la sección Segunda de Disposiciones Reformatorias.
De 22 a 26 años de prisión para quienes pertenezcan a un grupo armado organizado del conflicto armado interno, de manera directa o indirecta, previamente identificado por el Estado, según el artículo 139.1
De 22 a 30 años con pena privativa de libertad quienes ejerzan un rol de dirección, organización, planificación, financiamiento o cualquier forma que permita atribuir un grado de dominio sobre el grupo armado organizado.
De 20 a 26 años de privación de libertad quienes sin formar parte del grupo armado organizado colaboren permanente o esporádicamente con su operación, incluso con actos fungibles y secundarios.
Además, en el art. 139.2 se establecen delitos conexos al delito de pertenencia al grupo armado organizado del conflicto armado interno. Entre esos constan 18 ilícitos, como el enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrismo, extorsión, secuestro extorsivo, reclutamiento de niños con fines delictivos y otros.
