La corrupción y el manejo político de las compras públicas o servicios para el estado convirtieron al proceso de contratación en un dolor de cabeza. Y esto se traduce, entre otras cosas, en deficiencia de servicios y ausencia de obras.
El Estado tiene 3 200 entidades obligadas a planificar sus compras y sus contratos con sus presupuestos anuales para que nunca falte nada. En los últimos 10 años las entidades compran menos; sus funcionarios tienen miedo a la Contraloría y evaden o delegan su responsabilidad frente a las necesidades del Estado, algunos hasta renuncian. Es un círculo vicioso en el sector público donde la falta de planificación de compras públicas se suma a la lista de problemas.
En la década del correísmo las compras públicas se hacían sobre todo en forma directa y mediante decretos de emergencia. Buena parte de ellas con abusos y sobreprecios. En el histórico comparativo muestra que el año de mayor contratación fue el 2013 con USD 11 020 millones.
En adelante y hasta la fecha, las compras públicas oscilan entre 5 000 y 8 000 millones. Los funcionarios se quejan de que debido a una ley antigua de Contraloría su papel no es preventivo sino sancionatorio.
