El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, otras 15 personas y seis empresas, enfrentarán desde mañana 27 de mayo la audiencia preparatoria de juicio por el caso Triple A. La Fiscalía emitirá un dictamen acusatorio contra ellos.
Sin embargo, antes de ello, Álvarez podría tener su revisión de medidas cautelares, en el que pedirá que se retire la orden que use grillete electrónico, dispositivo que no se puso porque presentó documentación que tiene una enfermedad cardiaca.
Por otra parte, la Fiscalía General indicó mediante escrito que Álvarez, al no acudir a ponerse el grillete, incumplió una disposición judicial y por ello pedirán prisión preventiva.
Para esta diligencia del caso, que inició en julio del 2024 tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) por presunta distribución ilegal de combustibles, Álvarez cambió de abogados por tercera vez.
Antes que inicie la audiencia de formulación de cargos contra el alcalde de Guayaquil, su primer abogado renunció por presuntas amenazas. El segundo padeció de hemorroides y logró aplazar esa convocatoria.
El tercero, Diego Córdova Raza, fue multado por no presentarse a tiempo cuando finalmente se instaló esa audiencia, y envió varios escritos para poder aplazar la audiencia preparatoria de juicio, alegando que tiene otros clientes que defender en otras causas en la misma fecha. El juez Renán Andrade desestimó sus pedidos.
Por ello, Córdova renunció a la defensa de Aquiles Álvarez y el alcalde de Guayaquil anunció que tendrá como abogados a Ramiro García Falconí, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central (UCE), Estefany Alvear y Katherine Barona.
Antes que se empiecen a conocer los pedidos de nulidad de los procesados, varios abogados de la defensa e, incluso, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), en calidad de acusación particular, pidieron la suspensión de la diligencia.
De qué trata el caso Triple A
La Fiscalía investiga el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.
La primera audiencia se instalará este martes 27 de mayo a las 08:30 y se prevé que se extienda hasta el viernes por disposición del juez anticorrupción Renán Andrade. El fiscal de transparencia, Carlos Alarcón, detallará lo que encontró en su investigación que cerró el 10 de mayo.
Según lo expuesto, había diferencias considerables entre el volumen del combustible despachado y el facturado, principalmente diesel subsidiado. Para ello, según la Fiscalía, los procesados establecieron relaciones comerciales entre las empresas involucradas, que vendian combustible a gasolineras de cantones fronterizos y mineros.
En medio de la instrucción fiscal, en febrero, se allanaron cinco gasolineras de Zamora Chinchipe, Loja y El Oro.
