CALLAR ANTE EL ROBO ES SER CÓMPLICE
Preocupa el silencio de las autoridades de Gobierno cuando aparecen a raudales denuncias de víctimas de suplantación de identidad para realizar préstamos bancarios y vaciar los fondos de los afiliados al Seguro Social. Indigna que, ante este robo infame que también afecta a los jubilados, las respuestas sean tibias y que a nadie le conmueva que las víctimas estén pagando mensualmente las cuotas por créditos que nunca solicitaron. Este es un acto tan criminal como el de los extorsionadores y un asalto a mano armada.
Que los datos de los ecuatorianos estén vulnerables y sean negociados en el mercado negro por delincuentes informáticos que acceden con facilidad (también con la ayuda de funcionarios públicos y tramitadores) al sistema de ciertas instituciones públicas y privadas, es también responsabilidad del Estado. Si el afiliado busca asesoría externa para conocer información sobre trámites en el Seguro Social y su información cae en manos de delincuentes, es porque esta entidad, repleta de burocracia y trámites ‘cargosos’, no ofrece un buen servicio.
El Estado no puede seguir mirando hacia otro lado mientras sus ciudadanos, especialmente los más vulnerables, son víctimas de delitos que ocurren con total impunidad. Es urgente una depuración institucional, sanciones ejemplares y una política clara de protección de datos. Callar ante estos crímenes es ser cómplice.
