El 31% lucha por mantener a flote sus finanzas personales y familiares

Ecuador ha enfrentado un serio retroceso en el bienestar económico de sus hogares durante el último año. Según el estudio ‘Pressure Groups Latam 2025’, elaborado por la consultora Kantar Worldpanel y divulgado este mayo, el 31% de los ecuatorianos vive al límite económico, cuatro puntos más que el año pasado cuando se llegaba al 27%. 

Se trata de personas que apenas logran cubrir sus necesidades básicas y para quienes el más mínimo imprevisto puede significar una crisis. 

El informe —que analiza la relación entre finanzas personales y hábitos de consumo en nueve países de América Latina— clasifica a los consumidores en tres segmentos: 

  • Comfortable (finanzas estables)
  • Managing (con manejo ajustado del gasto) 
  • Struggling (viviendo al día)

En Ecuador, los struggling crecen, mientras que el grupo comfortable sigue siendo minoritario. “Más ecuatorianos están luchando por mantenerse a flote. Eso significa menos consumo, más ahorro forzado y una creciente dependencia del crédito para sobrevivir”, señala Andrea Domínguez, economista. 

El estudio destaca que en Ecuador, junto con Bolivia y Colombia, predomina una estrategia de resistencia financiera: recortar al máximo el consumo y ahorrar en lo posible, incluso a costa de la calidad de vida. 

Este fenómeno tiene consecuencias directas en el comportamiento de los hogares: se priorizan las marcas más baratas, se eliminan productos considerados “no esenciales” y se privilegian los pagos mínimos. 

Según Kantar, el 46% de los ecuatorianos usa la tarjeta de crédito para comprar alimentos, una señal clara del deterioro de la economía familiar. mayoría absoluta de 77 votos necesaria para definir la presidencia, vicepresidencias y vocalías del CAL. 

Entre 2019 y 2024, más de 1,1 millones de personas ingresaron al sistema financiero formal. Sin embargo, 363.000 personas enfrentaron cartera castigada o demanda judicial, lo que les excluyó nuevamente del acceso a nuevos productos financieros. Esto significa que, por cada 10 nuevos clientes, 3 terminaron fuera del sistema financiero nuevamente, sin acceso a crédito ni beneficios financieros. 

Las provincias más afectadas son Guayas (33%), Manabí (27%) y Pichincha (22%), que concentran el 60% de los casos. La situación es más crítica entre jóvenes menores de 25 años, cuyo nivel de re exclusión se multiplicó por siete entre 2019 y 2024. 

“La inclusión financiera no puede ser solo una puerta de entrada; debe ser un camino sostenible. Estos datos nos obligan a reflexionar sobre la necesidad de mecanismos más sólidos para evitar este retroceso, pues la re exclusión financiera no solo afecta a quienes la padecen, sino que también debilita el tejido económico del país”, advierte Valeria Llerena, directora de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD). 

Una economía sobre endeudada necesita medidas urgentes Actualmente, tres de cada diez ecuatorianos tienen calificación negativa en el buró de crédito, y muchos arrastran hasta 19 deudas simultáneas, desde tarjetas y préstamos personales hasta cuotas de celulares. César Coronel, abogado de Defensa Deudores Ecuador, asegura que esta situación alimenta la inseguridad y la inestabilidad social. 

“Ya no hablamos solo de morosidad. Hablamos de desesperación. Es hora de reformas profundas que otorguen un verdadero respiro financiero a las familias”. En este contexto, Coronel propone seis medidas clave para aliviar la crisis financiera: 

  1. Acuerdos más flexibles entre deudores y bancos, que incluyan condonación de intereses si se paga el capital. 
  1. Ley de Segunda Oportunidad, para que personas sobreendeudadas de buena fe puedan renegociar o cerrar sus deudas sin perderlo todo. 
  1. Condonación efectiva en la banca pública, especialmente en el Banco Nacional de Fomento. 
  1. Extensión y ampliación de la Ley de Alivio Financiero, con beneficios reales y plazos adecuados. 
  1. Alivio para jóvenes, como la condonación de deudas educativas menores a $5.000. 
  1. Sanción a prácticas abusivas, como el cobro de deudas prescritas por parte de CNT o falta de aplicación de condonaciones en el Banco del Pacífico. 

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