JUICIO POLÍTICO A MINISTRA Y LA TRANSPARENCIA
El sistema bancario ecuatoriano muestra niveles aceptables de liquidez y solvencia. Pero en el sector cooperativo, visto en general, preocupan las acusaciones legislativas, efectuadas en el juicio político que se sigue en contra de una exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, pues se afirma que en seis años solo se habría inspeccionado al 6% de las instituciones controladas, exponiendo un déficit crítico en la supervisión que fomenta la operación de instituciones débiles, llamadas a cuidar los ahorros de millones de ecuatorianos.
Lo anterior debería ser motivo de preocupación y de acción, pues más allá de la irresponsabilidad o negligencia de cualquier funcionario, tendría que analizarse y corregirse los problemas estructurales. La saturación de funciones de una entidad sin suficiente presupuesto estatal y sin personal técnico requerido podría ser una de ellas; de ahí que debería ponerse a debate una futura unificación de control, ver la posibilidad de que de este espectro del sistema pase a ser manejado por la propia Superintendencia de Bancos, bajo la misma rigurosidad que se aplica a todo el sector.
Ecuador necesita un sistema financiero que genere confianza en todos sus niveles. El fortalecimiento institucional de los organismos de control no puede postergarse más.
