Este lunes, la jueza Lilian Moreno fue detenida en Santa Cruz de la Sierra por anular la orden de aprehensión, el congelamiento de bienes y la prohibición de salida del país que pesaban sobre Evo Morales. El fiscal general, Roger Mariaca, confirmó que la captura fue realizada en cumplimiento de una resolución oficial y que la jueza será trasladada a La Paz para declarar ante el Ministerio Público.
La magistrada enfrenta cargos por los presuntos delitos de prevaricato y desobediencia de resoluciones constitucionales. Según el Ministerio de Justicia, habría actuado fuera del marco legal al invalidar medidas judiciales contra el exmandatario. La decisión que anulaba la orden de captura fue revertida posteriormente por otro tribunal, lo que abrió la puerta a su propia detención.
Acusaciones contra Evo Morales
Evo Morales, de 65 años, es investigado por la Fiscalía boliviana por supuesta trata de una menor con la que habría mantenido una relación en 2015, cuando la adolescente tenía 15 años. Un año después, habrían tenido una hija. Según la acusación, Morales habría beneficiado a los padres de la menor a cambio de su consentimiento, en un contexto vinculado a la guardia juvenil de su partido político.
El expresidente se encuentra refugiado desde hace siete meses en la zona cocalera del Chapare, su bastión político en el centro del país. Niega las acusaciones en su contra, que califica de persecución política, y ha evitado comparecer ante las autoridades judiciales.
Tensión institucional y repercusiones políticas
La detención de la jueza Moreno reaviva las tensiones entre los poderes judicial y ejecutivo en Bolivia, y ha desatado un nuevo debate sobre la independencia judicial. Mientras el gobierno defiende la legalidad de la acción, sectores opositores y defensores de derechos humanos advierten sobre una posible instrumentalización de la justicia con fines políticos.
El caso también resucita viejas heridas del pasado reciente de Bolivia, marcado por la salida forzada de Morales del poder en 2019, su posterior exilio y regreso al país, así como por una serie de conflictos judiciales que involucran a sus principales figuras políticas.
