El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con tomar medidas contra aquellos abogados y equipos legales que presenten demandas contra medidas migratorias adoptadas por su Administración, en un nuevo intento por expandir el poder del Ejecutivo.
En un memorando hecho público el 22 de marzo de 2025 por la Casa Blanca, Trump afirmó que los abogados están alimentando un “fraude desenfrenado y reclamaciones sin mérito” en el sistema migratorio, por lo que ordenó al Departamento de Justicia que sancione a aquellos que incurren en lo que a su juicio son conductas profesionales indebidas.
El documento también instruye a los responsables de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a “imponer sanciones a abogados y firmas que interpongan litigios frívolos, irrazonables y contra Estados vejatorios Unidos”. En ese sentido, instó a la fiscal general, Pam Bondi, a remitir dichos bufetes a la Casa Blanca para que se les retiren ciertas credenciales y se les rescinda cualquier contrato que puedan tener con el Gobierno federal.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que ha impulsado varias demandas contra las medidas adoptadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, condenó la decisión en un comunicado. Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, calificó la orden como “otro paso” de Trump hacia el desmantelamiento del “Estado de derecho” y un intento de “silenciar” a los abogados que intentan exigir al Gobierno responsabilidades cuando se vulneran los derechos de la población.
