Mayra Salazar, quien ocupó un cargo en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, está a punto de completar su condena de 15 meses de prisión por delincuencia organizada en el marco del caso Metástasis. Su sentencia se dictó mediante un procedimiento abreviado y cooperación eficaz, lo que le permitió obtener una reducción en su pena.
Gracias a su testimonio y a la entrega de información clave, la Fiscalía abrió un nuevo proceso denominado caso Plaga, que resultó en condenas para el exasambleísta Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo. Aunque su liberación está prevista para este viernes 14 de marzo, Salazar debe cumplir con ciertos requisitos antes de salir de prisión. Para ello, este jueves 13 se programó una audiencia telemática en la que se verificará si ha cumplido con todas las condiciones de su sentencia.
Su defensa ha solicitado al juez que precise la hora exacta en que se dará por concluida su pena, ya que en el expediente solo consta la fecha sin más detalles.
Pago de multas e indemnización: un obstáculo para su liberación
Uno de los puntos pendientes en su proceso es el pago de una multa e indemnización que suman 22.860 dólares. Hasta la semana pasada, no se había realizado el desembolso total de este monto, aunque su defensa aseguró que se completaría el jueves 13 de marzo. Si el pago no se efectúa en su totalidad, su salida de prisión podría retrasarse.
El papel de Salazar en el caso Metástasis reveló los nexos entre jueces del Guayas y cabecillas del crimen organizado. Su cercanía con el narcotraficante Leandro Norero, así como sus vínculos con Daniel Salcedo y otros líderes criminales, le permitieron facilitar contactos dentro del sistema judicial. Su colaboración con la justicia ayudó a documentar estas conexiones y fortalecer los procesos en su contra.
Mientras el juez toma una decisión final, la atención sigue centrada en los requisitos que Salazar aún debe cumplir. Su liberación no solo dependerá de haber cumplido su condena, sino también de la validación de sus pagos y otros trámites judiciales. Cualquier irregularidad en estos aspectos podría prolongar su permanencia en prisión.
